Por Eduardo Mackenzie *
El presidente Gustavo Petro pudo haber pensado que bastaba con lanzar una diatriba incendiaria en Cali (1) contra el fiscal General Francisco Barbosa, sin mencionarlo, para ablandarlo y arreglar de una vez por todas la candente cuestión de la “paz total” (2) y de la liberación inmediata de los 200 encarcelados de la llamada “primera línea”.
El 28 de enero, en efecto, ignorando si el fiscal general, en su encuentro en la Casa de Nariño, iba a mantener dos días después su posición de no ceder a sus órdenes de excarcelar a los delincuentes de la “primera línea” que se habían distinguido, sobre todo en la comuna de Siloé, de Cali, por sus actos sangrientos contra la fuerza pública y los civiles durante el llamado “estallido” de abril/mayo de 2021, Petro ensalzó públicamente a esos vándalos, los catalogó de simples “jóvenes que protestaban para defender sus vidas” (3), y acusó a un “sector del Estado” (léase la Fiscalía) de “no querer la paz” y de “presionar a los jueces con una acusación de prevaricato” si firmaban las excarcelaciones de esos “manifestantes”.
Sin sonrojarse, Petro afirmó que en Colombia “hay presos sociales por protestar” y que esos “jóvenes” deben salir libres para recibir salarios y el título de “gestores de paz”.
Sin poder frenar su agresiva proclama, el presidente llegó a lanzar acusaciones extremas contra su antecesor, Iván Duque. Sin mencionar tal nombre, Petro dijo que el Estado había “respondido con un autoritarismo bárbaro y criminal” ante la protesta de los jóvenes de Siloé durante “el estallido social” de 2021 y que tanto el gobierno como la policía y una “élite blanca” de Cali habían desatado una “guerra civil” y hasta una “guerra étnica contra los negros (sic) de Siloé”. Rompiendo con todo principio de realidad Petro expresó que el Estado colombiano “niega la existencia misma de la juventud” y es un “instrumento sanguinario de muerte” de los jóvenes idealistas. Pero que, por fortuna, todo iba a cambiar ahora pues él había sido elegido para impedir que siguiera la matanza de jóvenes y estudiantes por el Estado criminal colombiano.
Con todo, las violentas gesticulaciones de Petro en Cali fueron inútiles. Unas horas más tarde, el 30 de enero, el fiscal Francisco Barbosa le reiteró, en Bogotá, al jefe del Ejecutivo que su posición frente a la temática de las excarcelaciones ilegales y de las negociaciones políticas con los narcotraficantes no había cambiado. Un diario de Medellín detalló las tesis expuestas ese día por el fiscal: “Francisco Barbosa declaró que no le dará tratamiento político a las bandas criminales e insistió en que [éstas] se deben someter a la justicia” y que el fiscal “no levantará órdenes de captura hasta que haya una ley que garantice justicia retributiva” (4). Barbosa remató con esta explicación: “En Colombia lo que ha habido son sometimientos a la justicia. El caso de Pablo Escobar, en 1993, se sustentó con decretos de sometimiento. En el gobierno de Álvaro Uribe, con la Ley de Justicia y Paz, hubo un sometimiento de los paramilitares”.
Al salir de esa reunión, el Fiscal General informó a la prensa que el jefe de Estado “se había comprometido a no adelantar negociaciones políticas con narcotraficantes, ni a solicitar más levantamientos de órdenes de captura hasta tanto se superen los debates en el Congreso para viabilizar la ley”.
Después de su arenga tremendista en Cali, Petro tuvo pues que adoptar rápidamente un perfil bajo y olvidarse de las acusaciones infundadas que había lanzado contra la fiscalía general. ¿Cómo explicar ese brusco viraje de Petro? La clave puede ser un hecho importante: Francisco Barbosa se había reunido el 25 de enero, en Washington, con Merrick Garland, el fiscal General de EE. UU., y con Kenneth Polite, el fiscal adjunto. Con ellos, Barbosa abordó el tema de la intención del gobierno colombiano de lanzar negociaciones políticas con narcotraficantes y levantar, sin un marco jurídico claro, las órdenes de captura contra 16 jefes de estructuras criminales (del Cartel del Golfo y de los Pachenca) y otras excarcelaciones de delincuentes comunes, lo que constituye una dificultad mayor para la justicia colombiana y para las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos.
Una pregunta queda aún en el aire. ¿Por qué el presidente fue a Cali a echarse la ardiente perorata del 28 de enero? Nada impide deducir que ese mitin tiene que ver, no solo con la idea de distorsionar lo que pasó en Siloé en los disturbios de 2021 y en todas las olas de vandalismo “humanista” de 2019 a 2022, sino con el momento político actual. Es probable que Petro insiste en sacar adelante sus líneas litigiosas sobre la “paz total” y, a su vez, quiere agitar a los sectores marginales de Cali, como ya lo había hecho antes del comienzo de la campaña presidencial, para que le sirvan, una vez más, de carne de cañón y masa de choque, sobretodo el 15 de febrero próximo, contra las manifestaciones antigubernamentales de ese día.
Si Petro quería provocar a los sectores ultras para que ataquen las manifestaciones pacíficas del 15 de febrero él no habría podido hacerlo de manera más hábil. Para ello no vaciló en enaltecer los actos criminales que cometieron los comandos de la “primera línea” en Siloé y otros lugares, presentándolos como una “actitud defensiva” destinada a “defender a la ciudadanía” y para “no dejarse matar” por el Estado. Si algo grave ocurre el 15 y 16 de febrero en Colombia nadie podrá ignorar que el presidente de la República legitimó los desmanes callejeros al calificarlos de “manifestaciones defensivas” y a sus actores como “jóvenes populares”.
Por Eduardo Mackenzie
La resistencia contra el régimen que dirige Gustavo Petro desde agosto pasado se amplía cada día, aunque en forma lenta, molecular y contradictoria. Lo que es más sorprendente es que está incluyendo a los sectores más ilustres y diversos. Un ejemplo: la actuación del Fiscal general, Francisco Barbosa, y de la Procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, comienza a hacer parte de esa saludable ampliación de la resistencia, aunque ellos no lo exterioricen ni lo vean en esos términos.
El combate contra el desmantelamiento del orden constitucional –que Petro y sus grupúsculos locales buscan con el apoyo de los poderes extranjeros que dirigen la ofensiva global contra Colombia–, incluía hasta ahora a una parte de la clase política, a la oposición parlamentaria y a los editorialistas y formadores de opinión en las redes sociales moderadas. Esa resistencia cuenta ahora con dos altos funcionarios, valientes y firmes. Esa aparición es saludada por muchos pero, sobre todo, merece la solidaridad militante y activa de todos los que se oponen a la destrucción de la civilización en Colombia.
Por pura convicción jurídica y por un alto sentido de la función pública, los ciudadanos Cabello y Barbosa no aceptan ser convertidos en un instrumento ciego de Gustavo Petro. Este pretende hacer de la presidencia de la República, un poder absoluto, omnímodo, ante el cual el poder judicial y el poder legislativo, así como la prensa, la empresa privada, los gremios económicos y el mundo intelectual deben inclinarse devotamente.
Esa terrible visión de Colombia, que Gustavo Petro quiere hacer pasar como una simple “reforma política”, es inaceptable. Los actos que tal visión proyecta serán rechazados por las mayorías.
La Constitución colombiana reposa sobre dos principios tutelares: la libertad política y la separación de poderes, los cuales son limitados y controlables. En Colombia ningún poder es una rueda suelta, ni es ilimitado, ni puede aplastar a los otros poderes, ni a la sociedad. “No hay trazas de libertad si el poder que juzga no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. (…) Entre los turcos, esos tres poderes se concentran en la mesa del sultán, y reina allí un afrentoso despotismo”, escribía Montesquieu en 1748.
Petro se tumba físicamente sobre los destinos del país como si una siniestra Constitución le autorizara tal conducta. Aunque esa Constitución no existe, Petro pretende que el Fiscal y la Procuradora general, y detrás de ellos todo el andamiaje institucional, deben validar sus órdenes arbitrarias. Por ejemplo, la de dejar en libertad a delincuentes, encarcelados y condenados o en vía de ser juzgados por haber cometido crímenes mayores durante años y no solo durante la insurrección extremista de 2021. El exige la excarcelación de 16 integrantes y voceros de bandas de derecho común: de las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada” de “Los Pachencas” y de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, también conocidas como “Clan del Golfo”. Esas órdenes petristas, las más bochornosas hasta ahora, no serán las únicas si los poderes judicial y legislativo, y el pueblo, aceptan que las reglas de derecho sean reemplazadas por absurdas movidas y actos de corrupción de ese calibre.
El menor acto de cobardía institucional, de hecho y de derecho, será capitalizado por esa administración. No ponerle freno a ese liquidacionismo logrará la destrucción de Colombia. Nada más, pero nada menos.
“La paz no está por encima de la Constitución”, respondió a tales designios Margarita Cabello. Ella, en buena hora, rechaza la suspensión de las órdenes de captura contra los delincuentes detenidos de la llamada “primera línea” y otros que Petro quiere premiar tres veces: dejándolos libres, fijándoles unos magníficos sueldos y dándoles el grotesco título de “voceros de paz”.
“No voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó [a Petro], sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son parte de organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, afirmó por su parte el Fiscal General Francisco Barbosa, el 18 de enero.
Desde Davos, Petro les respondió con altanería y trató de hacer valer sus fantasías. El estima que la procuradora incurre en una “profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia”. En ese sentido, advirtió que “todos los funcionarios públicos, incluidos ella y yo, debemos obedecer” ese mandato. Y remató con el estribillo de siempre: el Fiscal y la Procuradora son partidarios “del odio y de la guerra”.
Todo eso no es más que un sofisma: “El artículo 22 de nuestra Constitución nos ordena hacer la paz”, dice el presidente. Inexacto: la Constitución no ordena hacer la paz a cualquier precio. Ella proclama: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Petro interpreta eso erróneamente: dice que “Todo servidor público debe guiar su actuación en función de hacer la paz”. Falso. Cumplir el deber de la paz exige el respeto de un marco jurídico. La paz emana de la Constitución. La Constitución no es un residuo de la idea de paz. La vía para “hacer la paz” no puede ser la violación de la Constitución. ¿Qué podríamos decir de un presidente que, para “hacer la paz”, desmantela las defensas del país y les abre avenidas a los enemigos de la paz? ¿Qué paz alcanza él de esa forma? La paz de los sepulcros, la paz de la opresión.
Dar a criminales el título de “gestores de paz” es agregar fuerza a la violencia, a la destrucción de la paz. Un criminal no puede ser jamás un mediador, un árbitro, un conciliador. Ese actor debe inspirar respeto y confianza. El objetivo de Petro es movilizar facciones atroces para imponer sus reformas.
Hay otro elemento de lenguaje en el planteamiento de Petro destinado a ocultar la gravedad de lo que ocurre. El llamado de atención al jefe del ejecutivo de parte del Fiscal General y de la Procuradora General es descrito por algunos como un “choque de trenes”. Lamentablemente, la prensa cándida traga entero. Esa fórmula impropia banaliza el intento de Petro de avasallar el poder judicial. Un choque de trenes es un accidente, no un crimen. Allí prima el error sin intención. La ofensa de Petro al derecho público es algo muy diferente. No es un accidente. Es un acto político y un frío uso de instrumentos. No hay choque de trenes pues no hay colisión de dos proposiciones: solo hay un abuso de poder y un acto para corregir ese abuso. Barbosa y Cabello no discuten con Petro, no buscan convencer a alguien que debería conocer la Constitución. Un presidente sin claridad constitucional que se atreve a todo debe ser vigilado de cerca.