Eduardo Mackenzie

No fue Marian Schuegraf, la embajadora de Alemania en Colombia, quien respondió a mis glosas a su declaración de que “Los nazis no eran socialistas”. En mi nota insisto en que, por el contrario, y según los hechos históricos, el comunismo y el fascismo son hermanos gemelos, son dos doctrinas que “comparten rasgos comunes, desde el punto de vista ontológico e ideológico”. En mi opinión, esos totalitarismos, “sin ser idénticos, comparten el hecho inaudito de haber implantado dos sistemas criminales de gobierno basados en la violencia y en la destrucción en masa”. Dije que el socialismo “fue el caldo de cultivo de donde nacieron dos mesianismos que, en el siglo XX, estuvieron a punto de destruir la civilización humana”.

En lugar de la embajadora contestó un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Alejandro Chala. El profesor Chala, en 11 tweets, intentó explicar lo contrario, que “el socialismo es un antinazismo”, y que no recitar esa faribola refleja una “lectura errada de Arendt”.

En lugar de desarrollar este tema, los estudios de Hannah Arendt, que, entre otras cosas, sostienen lo contrario de lo que dice Chala, éste evita toda reflexión sobre ese punto y sobre los otros de mi texto que no voy a repetir aquí, y se limita a oponer las opiniones de un autor detestable: Adolf Hitler.

Chala asegura que Hitler, en su libro Mein Kampf, “despreciaba el marxismo y el socialismo por ser doctrinas colectivistas que amenazaban con el llamado ‘principio aristocrático’ de la naturaleza”.

Chala toma la biblia del nacional-socialismo como un texto útil, sin decir una palabra sobre el carácter particular de ese panfleto fanático e hipócrita de 1925. Mein Kampf es un texto de propaganda abominable, nazi, revanchista, antisemita, militarista y no un estudio.

La forma de discutir del profesor Chala es, pues, irrelevante, por varias razones: 1.- No responde a las afirmaciones de mi carta a la embajadora Schuegraf; 2.- El único texto que cita seis veces es el bodrio de Hitler. 3. Cita a un tal “Jean-François Faye”, que nadie conoce y que no es citado en la lista de nueve referencias que menciono. 4.- Recomienda la lectura de unos “trabajos académicos”, pero no da índice alguno sobre títulos, autores y contenidos. Sin embargo, el profesor Chala pide leerlos para “evitar estas deshonestidades intelectuales”.

Chala juega al esgrimista. Se defiende con una decena de citas de Hitler. Me parece incomprensible que Chala trate de acercarse a ese debate sin argumentos y sobre esa única base intelectual: el aborrecido libro de Hitler. Chala incluso afirma que lo que dice Hitler sobre su “desprecio del marxismo y del socialismo” es incuestionable. Lo que afirma Hitler “se impone”, dice Chala, “a los relatos deshonestos de la academia”.

Como lo dijo Hitler, para Chala no hay nada más que discutir. ¡Apague la luz y vámonos, ordena el profesor de la Universidad Nacional! Lo dijo Hitler y eso “se impone”. Chala pretende cerrar así el debate con los “deshonestos de la academia”. La credulidad y docilidad de Chala frente a la propaganda de Hitler es vergonzosa.

Chala, en realidad no argumenta nada. Saca, eso sí, el truco mamerto rutinario de la “deshonestidad intelectual” del otro, de sus contradictores. Chala no se da cuenta de que él insulta a personas que él debería respetar, a investigadores, historiadores, escritores, profesores, politólogos, analistas de importancia mundial (Hannah Arendt, Raymond Aron, Claude Lefort, Alain Besançon, Robert Conquest, Martin Malia, Elie Halévy, Jean-François Revel, François Furet, George Watson, Stéphane Courtois, Alexandre Soljénitsyne, Alexandre Iakovlev, Vassili Grossman y Varlam Chalamov, entre otros). Ellos ofrecen los mejores estudios y testimonios sobre el tema del totalitarismo y sus dos atroces caras.

¿Cómo un profesor de la Universidad Nacional puede pretender acercarse a esta polémica blandiendo Mein Kampf y con tanto desprecio y desconocimiento de los trabajos de esos autores?

Un día más tarde, alguien le pide a Chala (ese tweet fue borrado horas después) que declare sus fuentes. Este da los enlaces de cuatro textos de autores, que no estudian ese tema. Entre ellos menciona al prolijo historiador británico Frank McDonough, pero no explica en qué párrafo él respalda la creencia de Chala. En realidad, McDonough contradice al profesor Chala. McDonough admite que “En esencia, el nazismo fue una ‘tercera vía’ bastante mal pensada entre democracia liberal y comunismo” (Hitler and the Rise of the Nazi Party, página 50).

McDonough, sin embargo, no estudia el asunto del estrecho paralelismo entre comunismo y nazismo, ni los antecedentes de ese fenómeno: el pensamiento de los fundadores del socialismo “científico” donde aparecen las ideas fuertes de esos sistemas: la ambición del control total de la sociedad, del Estado-partido, del genocidio, conceptos que son presentados por Marx y Engels como armas legítimas para edificar una sociedad perfecta, para forjar una humanidad radiante y desalienada.

Frank McDonough no analiza lo que ocurrió en el terreno práctico. No obstante, en ese campo es donde apareció la identidad entre comunismo y nazi-fascismo. McDonough simpatiza quizás con el marxismo. Juzga que la base ideológica del fascismo es débil y que la del marxismo es fuerte, por los ensayos de Marx, como si éstos fueran acertados. La visión de McDonough emana de la primacía que él le otorga a la “teoría general” de cada sistema. Ese método unilateral e incompleto le permite concluir que son sistemas antagónicos. No ve que la idea de los fascistas, según él, de “lealtad patriótica estridente y acrítica” y de búsqueda de “un Estado poderoso”, y el feroz antisemitismo, son también, y de qué manera, características del comunismo.

McDonough, en realidad, no es muy riguroso con algunos hechos. Un ejemplo: dice que el marxista italiano Antonio Gramsci “fue ejecutado por los fascistas”, lo que es inexacto. En realidad, Gramsci murió en su casa, en 1937, tras 11 años de detención, abandonado y traicionado por su partido, y luchando contra una vieja tuberculosis ósea que minaba su cuerpo. Fueron 11 años de cárcel fascista en los que él resistió con coraje, y a través de la escritura, como dice el especialista Jean-Yves Frétigné, “contra los males que corrompían su época: el fascismo, el hitlerismo y el comunismo”.

El profesor de la Universidad Nacional dice que Hitler “considera que el nazismo nace como negación del marxismo”. Si esa fórmula es de Hitler hay que decir dónde está. Como no lo hace, es legítimo pensar que es una frase de Chala, y nada más. Chala parece ignorar que Hitler utilizaba una retórica antibolchevique y antimarxista como un elemento de seducción, como una táctica. El profesor de Cambridge, George Watson, escribe en su libro Lost Literature of Socialism que Hitler, en realidad, reconocía deberle mucho a Marx y que había estudiado sus textos durante su detención en Baviera en 1924. Un confidente nazi de Hitler, Herman Rauschning, dice que Hitler “reconocía en privado su enorme deuda con la tradición marxista” y que le dijo un día sin rodeos: “Yo aprendí mucho del marxismo y no vacilo en decirlo”. El mismo investigador inglés concluye que, según los textos de Rauschning “todo el nacional-socialismo estaba fundado sobre el marxismo”.

Chala parece saber poco de la alianza Stalin-Hitler (1939-1941), iniciativa del dictador soviético. Esa alianza (y no “relación”, como escribe Chala) duró dos años y le permitió a Stalin ocupar la Polonia Oriental, los países bálticos, la Carelia finesa y la Besarabia rumana (9 territorios, para un total de 435 000 km²). Chala repite la coartada comunista de ver eso como una peripecia sin orígenes ideológicos y solo como una maniobra de Moscú para “evitar una potencial invasión a la URSS”, aunque ella no la evitó: desde diciembre de 1940 Hitler había dado la orden secreta a la Wehrmacht de lanzar una “expedición rápida” para liquidar a la URSS para ampliar el “espacio vital alemán” (Lebensraum) pero no para luchar contra el comunismo.

El profesor Chala asume que “el nazismo nace como negación del marxismo”. Esa es una creencia que niega la realidad de lo que fueron esos dos regímenes. Esa falsa caracterización recorre todavía las universidades de Bogotá. En 2006, discutí eso mismo con un profesor de la Universidad de los Andes, César Rodríguez Garavito, quien afirmaba que entre el marxismo y el nazismo “no hay nada en común”. A manera de respuesta a Chala citaré al lingüista e historiador de la literatura rusa, Efim Etkind, quien recuerda que “el totalitarismo alemán jugaba la comedia del anti-bolchevismo pero bautizaba su régimen como ‘socialista y obrero’ y tomaba la bandera roja como emblema y fijaba sus grandes fiestas el 1 de mayo y el 6 de noviembre, lo que le daba a Hitler el título de ‘guía muy sabio’”.

Etkind indica, por otra parte, que en la novela Todo pasa, de 1963, Vassili Grossman muestra que “el internacionalismo de los comunistas degenera en un nacionalismo de Estado”, como el régimen nazi. Agrega que en sus obras Grossman muestra, a través de algunos de sus personajes, esa similitud: “Es evidente, dice Etkind, que no hay diferencia de principio entre el nazismo de Hitler y el bolchevismo de Stalin. El fanatismo de raza o el fanatismo de clase convergen. Los dos tratan solo de encontrar un vago e ilusorio fundamento teórico a la esclavitud impuesta al pueblo para asegurar su poder.”

El profesor Chala cree que el marxismo es superior al hitlerismo, pues tenía un “discurso de transformación social ligado a sectores populares”. ¡Qué impostura! La demagogia comunista es una cosa; la realidad del comunismo como sistema y la opresión, la violencia masiva y la hambruna para los pueblos bajo su férula, es otra cosa. El hitlerismo también lanzó esa promesa pérfida y eso desde la República de Weimar, de suerte que el 5 de marzo de 1933, el “pueblo alemán” votó por Hitler y por su histeria antiliberal y contra la modernidad democrática en una coyuntura de una gran agitación y confusión colectiva.

Saber de dónde vienen los totalitarismos exterminadores es de importancia capital, sobre todo en los colegios y universidades y en el ámbito político de Colombia. Por eso esta discusión continuará. La ausencia de traducciones y de investigadores libres es un obstáculo. Sin embargo, el debate seguirá, le guste o no a ciertos “profesores de la Universidad Nacional”, que se ven desesperados, pues esas verdades se abren paso sin que puedan contenerlas. Cada vez más la realidad del comunismo derriba la demagogia comunista. Vassili Grossman estimaba que las múltiples fases del fascismo incluían la revolución de Octubre. Etkind, en un prefacio a Vida y Destino, decía: “Los guías del comunismo ruso querían, quizás, hacerle el bien a la humanidad, ellos sólo aportaron el Mal, un mal sin precedente, inaudito, apocalíptico, a escala universal”. George Watson insiste: “Los verdaderos principios del socialismo no fueron violados por Stalin ni por Mao cuando practicaron sus genocidios: esos principios fueron aplicados por ellos, por el contrario, con escrúpulo ejemplar y fidelidad perfecta a la letra y al espíritu de la doctrina”. Que nadie lo olvide.

Por Eduardo Mackenzie

Petro está temblando de miedo. No sabe qué rumbo tomar ante el fracaso de sus perversas “reformas”. Su gobierno no cumple todavía ocho meses y ya miles de votantes declaran su amargura por lo que él hace y abandonan las toldas del petrismo. La “reforma” pensional, de la salud y la escasez artificial de medicamentos que provocó una petrista recalcitrante, la ministra Corcho, para presionar a los congresistas, es una infamia más que nadie aprueba. Igual horror desata la “paz total” y las atrocidades cometidas por una maquillada “guardia campesina”, este 2 de marzo en Caquetá, contra 79 policías y los empleados de una empresa petrolera. Petro admitió ser el responsable de eso, pero no dijo estar arrepentido de haber abandonado al degollado policía Ricardo Arley Monroy y a la fuerza pública de Los Pozos.

En forma acelerada, Petro degradó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Perú y El Salvador, y su negativa a combatir el narcotráfico lo tiene en la mira de la DEA y de algunas agencias europeas.

Petro está perdiendo terreno. La “reforma política” también se le hunde y el Congreso no quiere concederle los 14 “poderes especiales” que pide.

Muchos sospechan que el hombre, con esas facultades, acelerará su acción de destrucción institucional y económica, para transferirle a Venezuela y Cuba, bajo el disfraz de importaciones, los recursos económicos, energéticos y monetarios de Colombia. El único horizonte intelectual de Petro es eso: imitar lo que hizo Chávez respecto de Cuba. Petro espera agotar el crecimiento relativo de Colombia para engordar a los bonzos de la dictadura madurista.

El nuevo jefe del poder ejecutivo está furioso porque su macabro plan no avanza. Está frenado porque él no logra ocultar lo que hace. El país decidió no dormirse ante tanto peligro. En Colombia, la prensa y las redes sociales, los gremios económicos y la ciudadanía, están haciendo un excelente trabajo de vigilancia, revelación y difusión de las bajas maniobras de la clique petrista. Y están aprendiendo del Perú y de otros países que luchan contra caudillos corruptos y depredadores. Están descubriendo que es clave descifrar las señales tenues sobre los planes del gobierno, para atajarlos antes de que sea demasiado tarde.

En vista de eso, Petro prepara golpes para censurar la prensa y obstaculizar las redes sociales, que él, paradójicamente, usa con maestría. Pero él quiere ir más allá: grita que utilizará la fuerza “de las masas” contra el país rebelde. Lo dijo sin rodeos este 26 de marzo en Bogotá. Su destemplada arenga ante las bases del partido petrista, y de las juntas de Acción Comunal, reunidas en un hangar de la Universidad Nacional por el ministro del Interior, merece un examen.

Allí, ante el llamado de atención de 17 gobernadores que le recordaron que el lema del escudo de Colombia es “Libertad y Orden” y no “opresión y podredumbre”, el nuevo presidente salió con la nota alarmista de que alguien le está preparando “un golpe de Estado blando”. Y amenazó: “Ni se les ocurra porque el pueblo sabe qué hacer si hay un tipo de actividad como esa”. ¿Debemos entender que los seguidores de Petro emplearán la violencia extrema para reprimir a la oposición? Petro gritó: “Nos interesa es (sic) que el pueblo se mueva”; “nos interesa es (sic) que el pueblo sienta que tiene el poderrrr”. Y, en un último espasmo cesarista, gesticuló: “¡Llegó el momento de tener el poderrr!”, “que [el pueblo sienta] que ¡no eran simplemente unas elecciones, que, por fin, después de dos siglos, ganamos!”.

El mensaje de Petro es, pues, doble. Primero: desde Simón Bolívar, Colombia, según el, no ha tenido un gobierno que valga la pena. ¿El primero será el de alias Aureliano? Segundo: que las elecciones de 2022 fueron una farsa, un golpe de suerte (o una falsificación sofisticada), que le dio el poder sin dárselo, pues la Constitución sigue vigente. El verdadero poder, según él, vendrá ahora, gracias a un acto sedicioso del petrismo que aplaste la oposición y retire todos los límites de derecho, ¡pues este es “el momento del poder popularrr!”.

En tono patético Petro sentenció: “No hay posibilidad de hacer un cambio en Colombia si nos dejan solitos allá dentro del palacio frío de Nariño”. Como la audiencia no le respondió como él quería, acudió a la calumnia. Indicó que su gobierno no le pedirá a la fuerza pública “disparar contra la población porque nos asustan [las] manifestaciones”. ¿Cuándo la fuerza pública colombiana disparó contra la población? Petro miente como un sacamuelas. Deducción: serán otros los que dispararán contra las manifestaciones anti petristas. ¿Esa represión será dejada a las nuevas “primeras líneas” como en los sangrientos “paros cívicos” de 2020 y 2021?

¿Está el gobierno creando una estructura paramilitar de “poder popularrr” que se encargue de tal represión?

El último cuplé del mitin estrafalario fue para mostrarse como la reencarnación de Salvador Allende. Petro anunció que va a construir “algo que vamos a llamar la Unidad Popular”. Extraño giro. ¿El Pacto Histórico entró en crisis y hay que inventar otra cosa? Unidad Popular era el nombre del gobierno marxista de Allende que fracasó y llevó a Chile a la miseria y al golpe de Estado.

Eso no será jamás un modelo para Colombia. Pocos saben que el allendismo fue minoritario. La elección del 4 de septiembre de 1970 mostró que la Unidad Popular obtuvo 36% de los votos contra 64% de los otros candidatos (Alessandri, Tomic y otros). Allende tuvo que ser elegido por el Congreso, por un escaso margen.

Tantos fueron los desastres que creó ese régimen que el Congreso chileno, el 22 de agosto de 1973, declaró la ilegitimidad del gobierno de Allende, veinte días antes del putsch del general Augusto Pinochet. Penetrado rápidamente por los soviéticos y el castrismo, el gobierno de Allende desordenó la economía, pisoteó la legalidad, violó la libertad de expresión, gangrenó la política, despojó y regimentó a los ciudadanos.

Desde la visita oficial de Fidel Castro a Allende en 1970, una serie de redes de la policía secreta cubana fueron instaladas en Chile para que espiaran los grupos de oposición y al propio Allende. La prensa chilena reveló una parte de eso el 3 de abril de 1972. Allende entregó el transporte del cobre chileno a una empresa naval rusa, Baltic Steamships, y dejó entrar cerca de 20 000 instructores militares cubanos, soviéticos, checos y de la RDA con falsas identidades para que controlaran la administración allendista y las industrias estatizadas del Cordón de Cerillas, donde gran cantidad de armas checas fueron ocultadas. La guerrilla MIR, ese arsenal y esos instructores participaron en la resistencia armada contra el golpe del 11 de septiembre de 1973.

¿Por qué Petro habló de Unidad Popular ante una reunión de juntas de Acción Comunal de todo el país? ¿Ese sector ha sido escogido por él para que sirva de armazón para montar un dispositivo de vigilancia y control social de la población?

El aspecto más inquietante del mitin del 26 de marzo es que lo dicho por Petro trae a la memoria otro hecho: la carta del 29 de julio de 1973 en la que Fidel Castro le ordena a Allende examinar, con dos agentes cubanos que él le envía, “la situación interna chilena y los peligros que hacen correr a la revolución los putchistas”. Castro precisa: “Lo más importante es advertirle al enemigo que fuerzas están listas y perfectamente armadas para entrar en acción contra él”.

¿Petro creyó necesario asustar a los patriotas para que abandonen su lucha pues, como diría Fidel Castro, “fuerzas están listas y perfectamente armadas” para reprimir la oposición? Y, sobre todo, ¿por qué Petro lanzó eso ante una reunión nacional de juntas de Acción Comunal? ¿Cuál será la tarea del movimiento que Petro llamó, como Allende, la Unidad Popular?

¿Quién está preparando un golpe de Estado? ¿Por qué cuadros petristas están exigiendo el cierre del Congreso? ¿Lo ven como un obstáculo? ¿Ese pedido no es un golpe contra todos los partidos y contra la democracia? Las tres palabras claves para el país en este momento son: vigilancia, vigilancia y vigilancia.

Por Paloma Valencia

El gobierno radicó la reforma pensional. No es tan mala como pensábamos, y sobre todo si se compara con la desastrosa reforma y contrarreforma a la salud o con la empobrecedora y antitécnica reforma laboral. Sin embargo, tampoco es buena. Supone una serie de riesgos que no deben ser minimizados.

El propósito de ampliar la cobertura del sistema es fundamental; llegar con ingresos a cerca de 3 millones de ancianos pobres es importante. Sin embargo, el proyecto no es fiscalmente responsable ni sostenible en el tiempo.

La reforma obliga a que todos los colombianos coticemos a Colpensiones nuestros primeros tres salarios mínimos, del cuarto en adelante irá a los fondos privados. A primera vista, parece buscar reducir los excesivos subsidios que hacían el régimen de prima media a los altos salarios. Colpensiones no pagaría altas pensiones.

Los recursos que constituirían el ahorro de todos los colombianos hasta 3 salarios los tendrían en su poder el Estado, pero no para ahorrarlos, sino que se utilizarán para pagar las pensiones, el aporte a esos 3 millones de ancianos pobres, y -la lectura de ciertos artículos del proyecto, apunta a que esos recursos- podrían incluso empezar a pagar las pensiones de las que el Estado se hace cargo actualmente. Por lo tanto, los recursos que hoy destina para esas pensiones quedarían libres, aumentando el gasto corriente; es decir, después de varias maromas, los aportes a pensiones, se podrían volver plata de bolsillo del gobierno.

 La pregunta, por supuesto, es si el Estado en el futuro tendrá los recursos para pagar las pensiones de todos los colombianos, hasta 3 salarios mínimos, el subsidio para 3 millones de ancianos.

Según la Anif es insostenible, el ingreso de 223 mil pesos para 3 millones de ancianos pobres costaría en valor presente $357,7 billones, lo que corresponde a 24,1% del PIB estimado para 2023.

No es una pregunta trivial, pues pese a que la edad para pensionarse también aumenta no parece superar el excesivo cargo fiscal. Hoy los colombianos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y cotizan en los fondos privados pueden pensionarse con 1.150 semanas cotizadas; al obligarnos a todos al régimen público, subirán las semanas de cotización a 1.300 semanas, y con un mínimo de edad para mujeres de 57, y de hombres de 62. Sin embargo, un factor de sobrecosto es que la pensión se paga no por el ahorro obtenido sino por el promedio de los últimos 10 años. Una persona que cotiza 1salario mínimo y la última década cotiza 3, la pensión es de 3. La diferencia entre lo que aportó y recibe, la ponemos todos los colombianos. Esto ya existe, y el alivio es que no subsidiará pensiones más altas, pero según Anif solo este componente generaría un pasivo pensional en valor presente de 131% del PIB estimado para 2023.

La apuesta es que los jóvenes tendrán que pagar las pensiones de quienes estamos hoy ahorrándolas.  El cambio demográfico indica que los futuros “viejos” no tendrán pensión con esta reforma. Hoy hay 4,6 trabajadores por cada adulto mayor. En 2050 serán solo 1,9.

La cuestión sobre la sostenibilidad de los fondos de pensiones privados tampoco es menor. Los 17,9 millones de afiliados que están en el régimen de ahorro individual, 7,4 activos, todos pasan a Colpensiones y los fondos quedan solo con los aportes y aportantes por encima de los 3 salarios mínimos; es decir deja a los fondos sin el 88,7% de los trabajadores formales del país que ganan hasta 3 salarios mínimos legales vigentes (SMLV).

 Así las cosas, la deuda pensional puede incrementarse. Para los ciudadanos hasta 2 SMLV lo que sí es cierto es que necesitará 2,8 años para lograr la misma pensión.

El gobierno también establecerá las condiciones de inversión de los fondos privados. Petro podrá decidir si quiere que los ahorros se inviertan en el exterior, en bonos basura, bonos del gobierno o en los gastos corrientes del gobierno. Hoy, por ejemplo, las inversiones en Títulos de Deuda Pública no pueden ser superiores al 50% ciento del valor de los recursos de los Fondos de Pensiones. Hoy está diversificado: el 30.5% en deuda pública, el 29.5% en renta fija local, el 12,6% en renta variable local, el 15.1% en fondos de capital privado.

El Gobierno podría obligar a los fondos privados a una rentabilidad mínima, lo cual es imposible. Las condiciones del mercado fluctúan. De igual manera el proyecto deja en manos del presidente el valor de las comisiones de los fondos privados. Estoy convencida de que esas comisiones deben ser un porcentaje sobre los rendimientos, para generar un incentivo a buenas inversiones. Hay todavía mucho que mejorar.

Por Eduardo Mackenzie *

El presidente Gustavo Petro pudo haber pensado que bastaba con lanzar una diatriba incendiaria en Cali (1) contra el fiscal General Francisco Barbosa, sin mencionarlo, para ablandarlo y arreglar de una vez por todas la candente cuestión de la “paz total” (2) y de la liberación inmediata de los 200 encarcelados de la llamada “primera línea”.

El 28 de enero, en efecto, ignorando si el fiscal general, en su encuentro en la Casa de Nariño, iba a mantener dos días después su posición de no ceder a sus órdenes de excarcelar a los delincuentes de la “primera línea” que se habían distinguido, sobre todo en la comuna de Siloé, de Cali, por sus actos sangrientos contra la fuerza pública y los civiles durante el llamado “estallido” de abril/mayo de 2021, Petro ensalzó públicamente a esos vándalos, los catalogó de simples “jóvenes que protestaban para defender sus vidas” (3), y acusó a un “sector del Estado” (léase la Fiscalía) de “no querer la paz” y de “presionar a los jueces con una acusación de prevaricato” si firmaban las excarcelaciones de esos “manifestantes”. 

Sin sonrojarse, Petro afirmó que en Colombia “hay presos sociales por protestar” y que esos “jóvenes” deben salir libres para recibir salarios y el título de “gestores de  paz”. 

Sin poder frenar su agresiva proclama, el presidente llegó a lanzar acusaciones extremas contra su antecesor, Iván Duque. Sin mencionar tal nombre, Petro dijo que el Estado había “respondido con un autoritarismo bárbaro y criminal” ante la protesta de los jóvenes de Siloé durante “el estallido social” de 2021 y que tanto el gobierno como la policía y una “élite blanca” de Cali habían desatado una “guerra civil” y hasta una “guerra étnica contra los negros (sic) de Siloé”. Rompiendo con todo principio de realidad Petro expresó que el Estado colombiano “niega la existencia misma de la juventud” y es un “instrumento sanguinario de muerte” de los jóvenes idealistas. Pero que, por fortuna, todo iba a cambiar ahora pues él había sido elegido para impedir que siguiera la matanza de jóvenes y estudiantes por el Estado criminal colombiano.

Con todo, las violentas gesticulaciones de Petro en Cali fueron inútiles. Unas horas más tarde, el 30 de enero, el fiscal Francisco Barbosa  le reiteró, en Bogotá, al jefe del Ejecutivo que su posición frente a la temática de las excarcelaciones ilegales y de las negociaciones políticas con los narcotraficantes no había cambiado. Un diario de Medellín detalló las tesis expuestas ese día por el fiscal: “Francisco Barbosa declaró que no le dará tratamiento político a las bandas criminales e insistió en que [éstas] se deben someter a la justicia” y que el fiscal “no levantará órdenes de captura hasta que haya una ley que garantice justicia retributiva” (4). Barbosa remató con esta explicación: “En Colombia lo que ha habido son sometimientos a la justicia. El caso de Pablo Escobar, en 1993, se sustentó con decretos de sometimiento. En el gobierno de Álvaro Uribe, con la Ley de Justicia y Paz, hubo un sometimiento de los paramilitares”. 

Al salir de esa reunión, el Fiscal General informó a la prensa que el jefe de Estado “se había comprometido a no adelantar negociaciones políticas con narcotraficantes, ni a solicitar más levantamientos de órdenes de captura hasta tanto se superen los debates en el Congreso para viabilizar la ley”.

Después de su arenga tremendista en Cali, Petro tuvo pues que adoptar rápidamente un perfil bajo y olvidarse de las acusaciones infundadas que había lanzado contra la fiscalía general. ¿Cómo explicar ese brusco viraje de Petro? La clave puede ser un hecho importante: Francisco Barbosa se había reunido el 25 de enero, en Washington, con Merrick Garland, el fiscal General de EE. UU., y con Kenneth Polite, el fiscal adjunto. Con ellos, Barbosa abordó el tema de la intención del gobierno colombiano de lanzar negociaciones políticas con narcotraficantes y levantar, sin un marco jurídico claro, las órdenes de captura contra 16 jefes de estructuras criminales (del Cartel del Golfo y de los Pachenca) y otras excarcelaciones de delincuentes comunes, lo que constituye una dificultad mayor para la justicia colombiana y para las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos. 

Una pregunta queda aún en el aire. ¿Por qué el presidente fue a Cali a echarse la ardiente perorata del 28 de enero? Nada impide deducir que ese mitin tiene que ver, no solo con la idea de distorsionar lo que pasó en Siloé en los disturbios de 2021 y en todas las olas de vandalismo “humanista” de 2019 a 2022, sino con el momento político actual. Es probable que Petro insiste en  sacar adelante sus líneas litigiosas sobre la “paz total” y, a su vez, quiere agitar a los sectores marginales  de Cali, como ya lo había hecho antes del comienzo de  la campaña presidencial, para que le sirvan, una vez más, de carne de cañón y masa de choque, sobretodo el 15 de febrero próximo, contra las manifestaciones antigubernamentales de ese día. 

Si Petro quería provocar a los sectores ultras para que ataquen las manifestaciones pacíficas del 15 de febrero él no habría podido hacerlo de manera más hábil. Para ello no vaciló en enaltecer los  actos criminales que cometieron los comandos de la “primera línea” en Siloé y otros lugares, presentándolos como una “actitud defensiva” destinada a “defender a la ciudadanía” y para “no dejarse matar” por el Estado. Si algo grave ocurre el 15 y 16 de febrero en Colombia nadie podrá ignorar que el presidente de la República legitimó los desmanes callejeros al calificarlos de “manifestaciones defensivas” y a sus actores como “jóvenes populares”.

Por Eduardo Mackenzie

La resistencia contra el régimen que dirige Gustavo Petro desde agosto pasado se amplía cada día, aunque en forma lenta, molecular y contradictoria. Lo que es más sorprendente es que está incluyendo a los sectores más ilustres y diversos. Un ejemplo: la actuación del Fiscal general, Francisco Barbosa, y de la Procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, comienza a hacer parte de esa saludable ampliación de la resistencia, aunque ellos no lo exterioricen ni lo vean en esos términos. 

El combate contra el desmantelamiento del orden constitucional –que Petro y sus grupúsculos locales buscan con el apoyo de los poderes extranjeros que dirigen la ofensiva global contra Colombia–, incluía hasta ahora a una parte de la clase política, a la oposición parlamentaria y a los editorialistas y formadores de opinión en las redes sociales moderadas. Esa resistencia cuenta ahora con dos altos funcionarios, valientes y firmes. Esa aparición es saludada por muchos pero, sobre todo, merece la solidaridad militante y activa de todos los que se oponen a la destrucción de la civilización en Colombia.

Por pura convicción jurídica y por un alto sentido de la función pública, los ciudadanos Cabello y Barbosa no aceptan ser convertidos en un instrumento ciego de Gustavo Petro. Este pretende hacer de la presidencia de la República, un poder absoluto, omnímodo, ante el cual  el poder judicial y el poder legislativo, así como la prensa, la empresa privada, los gremios económicos y el mundo intelectual deben inclinarse devotamente. 

Esa terrible visión de Colombia, que Gustavo Petro quiere hacer pasar como una simple “reforma política”, es inaceptable. Los actos que tal visión proyecta serán  rechazados por las mayorías. 

La Constitución colombiana reposa sobre dos principios tutelares: la libertad política y la separación de poderes, los cuales son limitados y controlables. En Colombia ningún poder es una rueda suelta, ni es ilimitado, ni puede aplastar a los otros poderes, ni a la sociedad. “No hay trazas de libertad si el poder que juzga no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. (…) Entre los turcos, esos tres poderes se concentran en la mesa del sultán, y reina allí un afrentoso despotismo”, escribía Montesquieu en 1748.

Petro se tumba físicamente sobre los destinos del país como si una siniestra Constitución le autorizara tal conducta. Aunque esa Constitución no existe, Petro pretende que el Fiscal y la Procuradora general, y detrás de ellos todo el andamiaje institucional,  deben validar sus órdenes arbitrarias. Por ejemplo, la de dejar en libertad a delincuentes, encarcelados y condenados o en vía de ser juzgados por haber cometido crímenes mayores durante años y no solo durante la insurrección extremista de 2021. El exige la excarcelación de 16 integrantes y voceros de bandas de derecho común: de las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada” de “Los Pachencas” y de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, también conocidas como “Clan del Golfo”. Esas órdenes petristas, las más bochornosas hasta ahora, no serán las únicas si los poderes judicial  y legislativo, y el pueblo, aceptan que las reglas de derecho sean reemplazadas por absurdas movidas y actos de corrupción de ese calibre.  

El menor acto de cobardía institucional, de hecho y de derecho, será capitalizado por esa administración. No ponerle freno a ese liquidacionismo logrará la destrucción de Colombia. Nada más, pero nada menos. 

“La paz no está por encima de la Constitución”, respondió a tales designios Margarita Cabello. Ella, en buena hora, rechaza la suspensión de las órdenes de captura contra los delincuentes detenidos de la llamada “primera línea” y otros que Petro quiere premiar tres veces: dejándolos libres, fijándoles unos magníficos sueldos y dándoles el grotesco título de “voceros de paz”.

“No voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó [a Petro], sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son parte de organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, afirmó por su parte el Fiscal General Francisco Barbosa, el 18 de enero.

Desde Davos, Petro les respondió con altanería y trató de hacer valer sus fantasías. El estima que la procuradora incurre en una “profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia”. En ese sentido, advirtió que “todos los funcionarios públicos, incluidos ella y yo, debemos obedecer” ese mandato. Y remató con el estribillo de siempre: el Fiscal y la Procuradora son partidarios “del odio y de la guerra”.

Todo eso no es más que un sofisma: “El artículo 22 de nuestra Constitución nos ordena hacer la paz”, dice el presidente. Inexacto: la Constitución no ordena hacer la paz a cualquier precio. Ella proclama: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Petro interpreta eso erróneamente: dice que “Todo servidor público debe guiar su actuación en función de hacer la paz”. Falso.  Cumplir el deber de la paz exige el respeto de un marco jurídico. La paz emana de la Constitución. La Constitución no es un residuo de la idea de paz. La vía para “hacer la paz” no puede ser la violación de la Constitución. ¿Qué podríamos decir de un presidente que, para “hacer la paz”, desmantela las defensas del país y les abre avenidas a los enemigos de la paz? ¿Qué paz alcanza él de esa forma? La paz de los sepulcros, la paz de la opresión.   

Dar a criminales el título de “gestores de paz” es agregar fuerza a la violencia, a la destrucción de la paz. Un criminal no puede ser jamás un mediador, un árbitro, un conciliador. Ese actor debe inspirar respeto y confianza. El objetivo de Petro es movilizar facciones atroces para imponer sus reformas. 

Hay otro elemento de lenguaje en el planteamiento de Petro destinado a ocultar la gravedad de lo que ocurre. El llamado de atención al jefe del ejecutivo de parte del Fiscal General y de la Procuradora General es descrito por algunos como un “choque de trenes”. Lamentablemente, la prensa cándida traga entero. Esa fórmula impropia banaliza el intento de Petro de avasallar el poder judicial. Un choque de trenes es un accidente, no un crimen. Allí prima el error sin intención. La ofensa de Petro al derecho público es algo muy diferente. No es un accidente. Es un acto político y un frío uso de instrumentos. No hay choque de trenes pues no hay colisión de dos  proposiciones: solo hay un abuso de poder y un acto para corregir ese abuso. Barbosa y Cabello no discuten con Petro, no buscan convencer a alguien que debería conocer la Constitución. Un presidente sin claridad constitucional que se atreve a todo debe ser vigilado de cerca.